Por: Moisés Rodríguez Rosales

Democracia social en México*.

La democracia no se agota en la “democracia política”, está atravesada también por la “democracia social”. La pretensión de justificación del estado democrático de una sociedad a partir solamente de la democracia política resulta insuficiente, por lo que es necesario argumentar, también, en qué medida podemos hablar de democracia social. Esa es la pretensión de este artículo.

La democracia social está compuesta por diversas garantías o libertades: libertad de expresión, de debate de ideas, de organización y de información. Podemos suponer que, en el mejor de los casos, gozamos en mayor o menor medida de algunas de dichas libertades; sin embargo, en cuanto a la cuestión de la información y la libertad de expresión y debate de ideas, sí hay aspectos que vale la pena analizar para verificar en qué medida hablamos de medios de comunicación que transmiten información lo más objetiva posible, de manera libre y que ofrezcan espacios para dichas garantías. Para ello, veremos cuál ha sido la relación de los medios de comunicación con el régimen político en México.

Manuel Guerrero, en Medios de comunicación y el régimen político[1] sostiene que los medios de comunicación no han cumplido con sus funciones dentro de una democracia liberal. En efecto, sostiene que

En una democracia liberal, de éstos se esperaría que pudieran llevar a cabo, sobre todo, tres funciones esenciales (Guerrero, 2006): a] informar a la ciudadanía y a la población en general sobre los asuntos públicos más relevantes de forma contextualizada, analítica e imparcial; b] servir como arena abierta de debates sobre los temas de la vida pública, de modo que se pueda reflejar en ella el mayor número de puntos de vista, y c] ser vigi­lantes —watchdogs— a favor de la ciudadanía y de una sociedad abierta contra los abusos del poder, los actos de corrupción y los excesos en el uso de la autoridad.[2]

Es decir, los medios de comunicación funcionan, en términos teóricos, como fuentes de información, medios para expresar y debatir ideas e ideologías, además de funcionar como vigilantes de los que ejercen el poder. Como podemos observar, la definición del papel que juegan los medios de comunicación, según el autor, es muy cercana a la que expresamos con anterioridad. A este respecto, lo que el autor sostiene como la función de los medios de comunicación en una “democracia liberal” nosotros lo hemos llamado propio de las funciones de dichos medios para una “democracia social”.

El autor sostiene, decíamos, que los medios de comunicación en México no han cumplido con las funciones que les corresponden, pues “entre los medios y el régimen político se desarrolló una relación de conveniencia en la que se intercambiaron beneficios económicos y técnicos a cambio de apoyos políticos.”[3] En este contexto, los medios optaron por una “autocensura” donde simplemente no se comprometían a cuestionar o siquiera a hablar sobre la legitimidad del régimen, lo cual fue de mucha ayuda a éste, ya que no tuvo que recurrir a algún otro mecanismo de control.

En el periodo del autoritarismo del partido hegemónico, (El Partido Revolucionario Institucional: PRI) es claro que las condiciones no eran óptimas para el desarrollo de una crítica en los medios de comunicación, pues no tenían respaldo en una oposición política organizada. La prensa escrita, por ejemplo, no llegaba a la mayoría de la población, sino solamente a las élites, lo cual complicaba la formación de una opinión popular que respaldara el funcionamiento de prensa crítica. Un mecanismo de control que el Estado usó para la prensa escrita fue el crear dependencias que informaban a la prensa, así los datos que ésta transmitía eran los proporcionados por el mismo régimen. Por ello y por el financiamiento del Estado, la prensa halló un acomodo confortable donde no era necesario un amplio margen de lectores, pues mucha de la inversión provenía de dinero público.

La función crítica y la apertura de espacios para el dialogo y debate de ideas fue muy escaso, debido a lo anterior y “a un régimen político que por décadas no tuvo rasgos democráticos y, en parte también, a unos medios de comunica­ción poco interesados en desarrollar tales funciones.”[4]

En el caso de la radiodifusión no era diferente, existía también la misma relación de conveniencia, aunque el gobierno estableció, también, criterios en las leyes para, en última instancia, ejercer el control sobre los contenidos en las transmisiones. Durante las primeras cuatro décadas de radiodifusión en nuestro país, los noticieros se producían con la información de los periódicos, la cual, como ya observamos, provenía del gobierno mismo. Después de los años sesenta, las empresas más grandes comenzaron a producir sus propios noticieros.

En televisión, al ser un mercado que entró más tarde en este juego de intereses, cumplía funciones similares, pero con algunas particularidades; los noticieros se convirtieron en un doble espacio: promover al régimen y defender sus propios intereses. La posición económica de los concesionarios les otorgaba cierta autonomía frente al gobierno y tenían espacio para negociar sus propios intereses. Por ello, en televisión los contenidos cambiaron, pues no necesariamente eran impuestos por el régimen, eran negociados con los concesionarios.

Las reformas de las que ya hemos hablado anteriormente tuvieron impacto también en los medios de comunicación nacionales, que tuvieron más importancia. La apertura a la oposición permitió el espacio crítico en algunos lugares aunque, menciona el autor, muchos medios tuvieron problemas al ser críticos.

Con la apertura pluralista, los mecanismos de control tradicionales que el Estado usaba con los medios de comunicación perdieron eficacia, pues comenzaron a abrirse espacios para la crítica. En los años noventa, hubo un impulso para la prensa independiente al ser modificada la relación económica del régimen con los medios, lo que causó la crisis y desaparición de muchas empresas dependientes del Estado.

A partir de los ochenta, se dio un cambio en la radio mexicana,  en los formatos de información y publicidad, lo que conllevó cambios de contenido. Algunas de ellas se arriesgaron a abrir espacios críticos; sin embargo, la apertura fue resultado más de las estrategias de supervivencia económica de las estaciones, que aumentaron en número, que de las convicciones democráticas de los concesionarios.

En el ámbito de la televisión, el proceso de apertura no se reflejó sino mucho tiempo después que en la radio. Televisa fue el único medio de difusión en las elecciones desde 1982 hasta las de 1994, y su parcialidad fue la principal característica de esta empresa. El régimen, como ya hemos visto, compensó dicha parcialidad con facilidades económicas y técnicas que dieron mayor poder a Televisa; es decir, la relación de conveniencia y la negociación siguieron en términos normales en éste ámbito.

Como ya lo mencionamos, no fue sino hasta mediados de los noventa que las condiciones del mercado televisivo cambiaron. Era evidente la cobertura desequilibrada a favor del partido hegemónico, Televisa abiertamente sostenía su apoyo a éste. En 1992 se crea la segunda mayor televisora pública del país: TV Azteca, a fines de 1996 ya era competencia directa de Televisa. Todos estos cambios resultaron en la redefinición de las relaciones entre los medios de comunicación masiva y el régimen político. En 1997 se registra un giro en cuanto al apoyo que Televisa sostenía con el partido hegemónico, el presidente de esta empresa trasmitió un mensaje para sus más de 30 000 empleados, donde “enfatizó la libertad de los empleados de votar por el partido de su preferencia y señaló que la actitud de la compañía en relación con todos los partidos sería, desde ese momento, equilibrada”.[5]

A finales de esta década es cuando se registra dicha redefinición, donde los intereses de los grupos corporativos se negocian con los intereses de la clase política. Comienza a existir una arena política de mayor competencia y un ámbito electoral competitivo. Hubo mayores mecanismos democráticos para los medios de comunicación, pero pocas reglas novedosas para ejercerlos, es decir, aun con este panorama positivo, las leyes eran insuficientes para ejercer de manera plena una democratización en los medios de comunicación. Además, podemos observar que el poder del que gozaba el régimen comenzó a ser menor, “…las viejas reglas del juego político se descomponían sin que fueran reemplazadas por otras nuevas, por lo que la autoridad del Estado se desvanecía en un sinnúmero de frentes.”[6]

Así comenzó el nuevo siglo en México, con una arena política más plural aunque sin reglas optimas para el ejercicio de la democracia en los medios de comunicación. El empoderamiento de los medios de comunicación para negociar leyes fue incrementándose mientras el poder de la clase política disminuía: “Esta percepción de unos medios cada vez más poderosos y una clase política cada vez más débil frente a ellos se reforzó con las declaraciones de algunos legislado­res y políticos que aceptaban que durante el proceso de discusión habían sufrido fuertes presiones, lo que convertía a la ley más en el resultado de ‘una imposición que de una negociación’”.[7]  En 2007 hubo una reforma que pretendía clausurar la esfera de acción de los medios en el mercado publicitario político y electoral; recordemos la intensa “guerra sucia” que nos acompañó durante toda la campaña electoral de 2006. A partir de ello, se restringe el movimiento de estos medios en el juego político. El Instituto Federal Electoral, hoy INE (Instituto Nacional Electoral), organismo autónomo, es quien organiza el tiempo que los partidos pueden utilizar en los medios además de los contenidos que aquellos hagan en sus spots. Estas leyes, si bien restringen la participación de los medios en los procesos políticos, se limitan a reglamentar el  juego por medio de los partidos, no así los recursos de expresión y debate de los sujetos políticos.

Si bien es notable la apertura que los medios de comunicación han conseguido para la pluralidad de opiniones, la libertad de crítica y el equilibrio en el juego electoral, también es cierto que mucho de lo que se ha conseguido ha sido no por el afán de un flujo de información más plural y democrático, sino por intereses de mercado, lo cual dificulta el acceso a sujetos cuya opinión puede considerarse “poco rentable”. Sí, la apertura de los medios ha sido grande, pero ello no significa necesariamente un carácter más democrático en ese sentido, los concesionarios velan por intereses de mercado más que por intereses del ejercicio de la democracia social. Con lo anterior no sostenemos que no haya en absoluto espacio para la crítica, es evidente que lo hay, pero no para cualquier crítica, sino una crítica que, por un lado, no signifique un riesgo para esta relación entre los medios de comunicación y el régimen o status quo, y que, por otro, sea atractiva para su venta. Lo que implica, en el mejor de los casos, una apertura restringida de los medios de comunicación a la expresión y debate de ideas, así como para la participación de los sujetos en la vida política.

* Tercera parte del conjunto de ensayos sobre la democracia en México.

Primera parte : Democracia y sistema político mexicano I

Segunda parte: Democracia y sistema político mexicano II

[1] Guerrero, Manuel Alejandro, “Los medios de comunicación y el régimen político”, en Soledad Loaeza y Jean Françoise Prud’homme, Los grandes problemas de México, vol. XIV, Instituciones y proceso políticos, México, El Colegio de México, 2010, pp. 231-300.
[2] Ibíd. Pág. 232.
[3] Ibíd. Pág. 232
[4] Ibíd. Pág. 232.
[5] Ibíd. Pág. 272.
[6] Ibíd. Pág. 274.
[7] Ibíd. Pág. 279.