Democracia y sistema político mexicano II

Por Moisés Rodríguez Rosales

 

 

Democracia política en México. Sobre la “apertura democrática”.

 

 

En el artículo anterior[1], decíamos que la democracia política tiene que ver propiamente con la forma de gobierno, con la elección de representantes y gobernantes y con el ámbito electoral más que nada. En este trabajo analizaré brevemente cómo se ha modificado el sistema político en México estableciendo un “pluralismo electoral” y un sistema “más competitivo” en el terreno de la lucha por el voto popular.

El sistema político mexicano, después de la revolución, fue un sistema autoritario que, con la fundación del PRI, pretendió incluir a todos los sectores de la sociedad y aglutinarlos en un mismo partido; en efecto, hay autores que sostienen que “El sistema político posrevolucionario en México tuvo una vena reformista que le permitió ser ‘autoritario, pero incluyente’.”[2] Era un sistema en el que había elecciones, un sistema electoral, pero no había una pluralidad o una oposición electoral formada por otros partidos políticos. Fue hasta la reforma de 1946 cuando el sistema político pasó a ser un sistema partidista y hasta 1977 cuando se reconoce el inicio de la “apertura democrática” en el país. La reforma de 1946 inaugura una nueva forma de acceso a cargos públicos, pues se establece que es sólo mediante partidos políticos como se puede ejercer la lucha electoral; y la reforma política de 1977 es la que representa esta apertura o democratización del sistema político mexicano.

El hecho de afirmar que el sistema político comenzó a democratizarse a partir de la reforma de 1977 tiene una implicación: Aún cuando existía un sistema electoral anterior a estas reformas, eso no quiere decir que había un régimen democrático; en otras palabras que el sistema electoral no es condición suficiente para la democracia.

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A lo largo del siglo XX, después de la reforma de 1946, se entendía que la única forma de participación política es a través de los partidos políticos con lo que “tan­to en la época del predominio del PRI como en la posterior apertura del sis­tema de partidos, prevaleció una concepción de partidos políticos fuertes y altamente institucionalizados como garante de la estabilidad institucional y la participación ordenada y efectiva de la ciudadanía en la vida pública.”[3] El partido político, reitera Prud’homme, es la vía para una participación “ordenada y efectiva” en los asuntos públicos, sin mencionar que se considera la única.

Sin embargo, el sistema político ha tenido que pasar por otras muchas reformas debido, entre otras cosas, al hecho de que no se ha sentido una representatividad de orden democrático con los partidos políticos. En efecto, Prud’homme señala que

A lo largo del siglo XX mexicano, la idea de representación política ha sido estrechamente asociada al concepto de partido político […] En el caso mexicano esa asociación se dio en un contexto en el que la idea de representación demo­crática expresaba más una aspiración que una realidad y el concepto de partido, más un instrumento de canalización de demandas y control institu­cional que de participación libre en la vida pública.[4]

Es decir: aun cuando existe una mayor pluralidad en cuanto a partidos políticos, eso no corresponde necesariamente a que haya mayor representatividad política; la pluralidad de partidos no es condición suficiente para asegurar una mayor representatividad política.

La reforma política de 1977 establece que el Estado se hace cargo de la organización y financiamiento de los partidos políticos, lo que implica que son de “interés público” y no serán financiadas por privados; establece, además, que los partidos tendrán 3 elecciones federales para obtener el 1.5 % de la votación para acceder al registro como partido nacional, lo que abría pauta para mayor número de partidos (Hoy, por supuesto, el porcentaje ha variado de 2 a 3%). Se crean, además, los representantes plurinominales, para conceder representación a partidos pequeños, y se incrementa el número de distritos de 267 a 300. Lo que sí implica una mayor competencia o, por lo menos, pluralidad en el poder legislativo.

La estrategia de los gobiernos anteriores a Salinas y posteriores a Cárdenas fue formar  un Estado corporativo, donde los sectores se subordinaban a los intereses nacionales, y así, el gobierno tenía control de todos, o casi todos, los sectores sociales. Después de la crisis de 1982 fue imposible seguir manteniendo ese estado corporativo y Salinas intentó un Estado clientelar. Además de que pretendía renovar el corporativismo donde “La relación neocorporativa se definía como más social que política: las organizaciones ya no apoyarían políticamente al partido de Estado, sino sólo el proyecto de modernización económica del gobierno.”[5]

A partir de la década de los 80’s, entonces, hay un giro en el modelo económico, donde se comienza a abandonar el Estado benefactor y el nacionalismo, lo que implica un periodo de crisis para el PRI que tenía como principal discurso dicho nacionalismo. Por ello, en 1986, se crea el Frente Democrático Nacional que se escinde del PRI y compite, con Cárdenas, por la presidencia contra Salinas de Gortari en las elecciones de 1988. Estas elecciones son muy importantes porque es en ellas cuando, por primera vez, el PRI pierde la mayoría calificada (para hacer modificaciones constitucionales) “de manera paulatina y casi constante, el PRI vio disminuir su porcentaje de votos. Si en 1979, 1982 y 1985 el PRI captaba todavía más de 65% de los votos en las elecciones legislativas y su más cercano contendiente, el PAN, apenas 16% del sufragio, en 1988, el PRI pasó debajo del umbral de 50%.”[6] Lo que trae como consecuencia la formalización de las negociaciones entre partidos para sacar adelante reformas. No es sino hasta 1997 cuando se logra que ningún partido tenga la mayoría absoluta en el Congreso, lo que implica otro nivel de negociación entre las diferentes fuerzas políticas que se encuentran allí.

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No se pueden explicar las transformaciones en el sistema político y social sin recordar los movimientos sociales que coadyuvaron a dichas transformaciones, así como los cambios en la economía mundial. Por ejemplo “La reforma política de principios del sexenio de López Portillo no se entiende si no se toma en consideración que era, por lo menos parcialmen­te, una respuesta al auge de los movimientos sociales del sexenio anterior…”[7] es decir que era necesario abrir el sistema político a la oposición para evitar el surgimiento de las guerrillas o, por lo menos, minimizarlo.

En efecto, pueden explicarse transformaciones políticas en el sistema de partidos por la incidencia de movimientos sociales que fueron y son canalizados por el Estado, dándoles espacio para la expresión atendiendo, o no, sus demandas. Sin embargo, no ha sucedido así en todos los casos, pues hay movimientos que son reprimidos sin atención a las demandas y sin libertad de expresión. Si bien ha habido muchos que han logrado llamar la atención del Estado, no han sido todos.

Con todo lo anterior queremos remarcar que, como lo sostienen autores como Jacqueline Peschard o Jean-Françoise Prud’homme, es claro que ha habido un proceso de apertura pluralista en el sistema político mexicano, ahora hay una mayor competitividad de partidos políticos. Actualmente podemos decir que “…el sistema de partido hegemóni­co, que se había consolidado desde 1946, se transformó en un sistema com­petitivo, más equitativo y plural, dominado por tres grandes fuerzas políti­cas: el PRI, el PAN y el PRD, acompañadas por algunos partidos de menor importancia.”[8]

Ello no significa necesariamente que exista una representación política “mayor”, pues si bien la mayoría de la población considera aún hoy que la única manera (o más efectiva) de participar en la vida política es a través de un partido político, hay estadísticas que indican que gran parte de la población no se siente representada por ninguno de éstos partidos. “…en general, la opinión que tiene la población de esos partidos tiende a ser negativa […] La opinión negativa sobre los partidos está relacionada en parte con la brecha que existe entre la concepción de partido fuerte que promueve la legislación electoral y el deficiente grado de institucionalización de las or­ganizaciones partidistas.”[9] Como ya lo señalamos antes, un sistema electoral y pluralidad de partidos no son condición suficiente para hablar de democracia.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien concedemos la tesis de que ha habido una apertura en el sistema político y electoral mexicano, de modo tal que hay mayor competitividad y mayor pluralismo, ello no significa necesariamente que podamos llamar a este sistema un sistema democrático. La precisión a este respecto está fundada en lo siguiente: como hemos visto, el sistema electoral no garantiza un régimen democrático y la pluralidad de partidos no significa necesariamente alta representatividad política.

Ilán Bizberg muestra en Una democracia vacía. Sociedad civil, movimientos sociales y democracia[10] una paradoja interesante: a pesar de que la participación de los ciudadanos en movimientos sociales es relativamente alta, la participación en política es baja, en efecto “mientras que nuestro país se encuentra en la media latinoamericana en cuanto al nivel general de participación, y frente a una relativamente importante participación cívica y política, destaca la baja participación sindical en un país donde el sindicalismo fue la base del régi­men.”[11] Lo que implica una desconfianza en esos aparatos de participación.

Sin representatividad política no podemos hablar de democracia política en el sentido que expusimos en el artículo anterior. Aun cuando, por ejemplo, en las pasadas elecciones de 2015 candidatos independientes de partidos políticos lograron puestos de elección popular, los partidos políticos continúan teniendo la enorme mayoría de estos puestos, el número de candidatos independientes resulta mínimo; es decir que los partidos continúan siendo la vía común para hablar de la “democracia política” o, al menos, esa es la tesis que solemos escuchar en los comerciales del Estado, por ejemplo. Sin embargo, tal como lo hemos analizado en este artículo, no nos es posible afirmar que nos encontramos en una democracia política, pues hemos visto que ni un mayor número de partidos significa mayor representatividad política, ni un sistema electoral garantiza un sistema democrático.

Aún nos falta analizar el otro aspecto de la democracia según lo desarrollado por Carlos Pereyra, la “democracia social”, pues como lo hemos visto antes, un análisis sobre la democracia queda incompleto al tomar en cuenta sólo el sistema político o las leyes, es necesario también tomar en cuenta los factores de participación ciudadana, de medios de expresión y medios de organización. Eso sólo puede realizarse analizando la realidad concreta de la que partimos.

Contacto: moy_rock@hotmail.com

[1] Ver Democracia y sistema político mexicano I.
[2] Peschard, Jacqueline. “De la conducción gubernamental al control parlamentario: 30 años de reformas electorales”, en Soledad Loaeza y Jean Françoise Prud’homme, Los grandes problemas de México, vol. XIV, Instituciones y proceso políticos. El Colegio de México. México 2010. Pág. 356.
[3]  Prud’homme, Jean-Françoise. “El sistema de partidos” en Soledad Loaeza y Jean Françoise Prud’homme. Los grandes problemas de México, vol. XIV, Instituciones y proceso políticos. El Colegio de México. México 2010. pág. 123.
[4]  Ibíd. Pág. 123.
[5] Bizberg, Ilán. “Una democracia vacía. Sociedad civil, movimientos sociales y democracia”, en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (Coordinadores), Los grandes problemas de México, vol. VI, Movimientos sociales. El Colegio de México. México 2010 pág. 31.
[6] Prud’homme, Jean-Françoise. Óp. Cit. Pág. 135.
[7] Bizberg, Ilán, Óp. Cit. Pág. 29.
[8] Prud’homme, Jean-Françoise. Óp. Cit. Pág. 130.
[9]  Ibíd. Pág. 155.
[10] Bizberg, Ilán, Óp. Cit.
[11] Ibíd. Pág. 23.

 

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3 Comentarios Agrega el tuyo

  1. pablolegua dice:

    Interesante publicación mis estimados, brinda destacables nociones sobre el sistema político mexicano, aquí en mi país por ejemplo el tema de solvento a campañas políticas son financiadas por privados lo que se traduce en una declaración que hace el candidato de todos los aportes que se hacen en su campaña frente a la autoridad competente en el caso peruano el JNE (Jurado Nacional de Elecciones), lo que a la larga servirá a una segunda entidad para corroborar si existió algún enriquecimiento mal habido o no.
    Desde ya hago presente mis saludos desde Perú.

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