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Sobre el peligro de exigir seguridad a cualquier precio. Reflexión a partir de Thomas Hobbes en torno al problema de la violencia en México

Por Héctor Eduardo Luna López

A raíz del infame ataque criminal contra el Casino Royale en la ciudad norteña de Monterrey, estado de Nuevo León, donde murieron 52 personas el pasado 25 de agosto, no sólo se generaron sentimientos de dolor, angustia e indignación entre los mexicanos y el mundo, sino también exigencias y reclamos –justificados todos– de mayor seguridad y autoridad en el país.

Por citar un caso, en la televisión “pública” mexicana escuché a un comentarista enojado que exigía a los gobernantes mayor seguridad, valiéndose del pensamiento de Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, el comentarista resaltó que la función principal del Estado es la de garantizar la seguridad de sus pobladores, a riesgo de que, de no satisfacerla, todos nos encontraríamos en una situación de extrema violencia entre nosotros. Es decir, que cuando no hay un poder estatal que logre propiciar la seguridad de los habitantes de la nación, la propia vida está a merced de los otros que no dudarán en dañarnos para preservar sus intereses; en dicha condición no hay leyes ni reglas ni mucho menos un poder que las haga valer. A esta condición de violencia Hobbes la llamó “estado de Naturaleza”.

Pero ¿cuál es el peligro de apelar a este filósofo para exigir que el Estado cumpla esa importante función? Si bien nadie podría negar la necesidad de seguridad y la garantía de que nuestra vida sea protegida por el gobierno, sí podríamos objetar que ello tenga que lograrse por los medios y con las condiciones que Hobbes plantea. Las razones son las siguientes.

Thomas Hobbes justifica el poder absoluto de un Estado monárquico en su obra política Leviatán, sobre el argumento de que sin él se caría en el estado de Naturaleza, donde impera la violencia y donde la paz es un deseo remoto. La conveniencia de un Estado fuerte que logre aplacar las pasiones violentas de los individuos es aquello que justifica la instauración de un gobierno coercitivo y represor. Y éste se sostiene sobre la premisa de que tal Estado es una alternativa eficiente e irrefutable en la lucha contra la violencia.

Para ello, Hobbes realiza una doble revolución (1), misma que se desarrolla en dos planos fundamentales: el epistemológico y el conceptual. Por un lado, la revolución epistemológica consiste en la inclusión de las metodologías propias de las ciencias naturales a la teoría política. Por otro lado, la revolución conceptual consiste en la reformulación de conceptos básicos del ámbito político, por ejemplo, los conceptos de Estado y Naturaleza.

Es decir, cuando hablamos de una revolución epistemológica, queremos decir que para Hobbes, la instauración del Estado que ejercerá la fuerza contra los violentos, está plenamente deducida de métodos científicos, basados en la experiencia y la lógica. En otras palabras, las estrategias del gobierno de la “mano dura” están comprobadas por la ciencia por lo que podemos calificarlas como infalibles y exitosas. Esta revolución epistemológica da una nueva visión sobre la forma de entender y hacer política, ya que antes de que se trataran de implementar los criterios científicos sobre la actividad política, era considerado el principio aristotélico de la phronesis como un saber prudencial propio de la moral y la política, donde las decisiones y estrategias pueden discutirse y tomarse de un modo prudencial siempre sujeto a debate y no de un modo científico que concluye con resultados inamovibles e indiscutibles.

A propósito de este giro epistemológico que realiza Hobbes, el filósofo Ambrosio Velasco, en consonancia con Sheldon Wolin, considera que Hobbes se empeñó en adoptar el método demostrativo para el “fundamento de una tradición política ilustrada pero antirepublicana e inclusive despótica, pues elimina del espacio público la confrontación y deliberación entre ciudadanos libres y autónomos de diversas concepciones del bien público y de la justicia.”(2) Es decir, lo que se buscaba en ese sentido era fundamentar una noción particular de política y postularla como la única existente, demostrada empíricamente e irrefutable.

Así, en ese contexto de reformulación epistemológica de la política, tampoco hay lugar para los antiguos conceptos políticos como libertad, ciudadanía o vida política. Aquí es donde radica el otro aspecto  de la revolución hobbesiana, la revolución conceptual. En una idea donde la forma del Estado está demostrada racionalmente por los métodos matemáticos o geométricos, no hay lugar a la idea de libertad del ciudadano como aquel sujeto que participa activamente en la toma de decisiones políticas de su país. Es decir, no hay lugar para una noción republicana de la política, misma que propiciaría el diálogo y la libre participación de los ciudadanos. Cuando se fundamenta demostrativamente la instauración de una forma de gobierno monárquica como lo pretende hacer Hobbes, de aceptarse esa autoridad, se tendría que aceptar como infalible dado que ha sido demostrada por los métodos racionales más confiables.

De este modo Hobbes justifica que lo que el gobernante diga, lo que el monarca decida, será lo correcto, la sabia y mejor decisión para sus súbditos. No hay aquí la idea de ciudadanía participativa y libre, sino la de individuos predestinados a la obediencia del monarca dado que es lo que se sigue demostrativa y concluyentemente. Eso exactamente podemos ver en nuestro país en el actual contexto, pues aunque el gobierno de Felipe Calderón ha estado muy lejos de fundamentar su estrategia contra la violencia sobre argumentos filosóficos como los de Hobbes, sí ha logrado propagar con éxito la idea de que su estrategia bélica es la correcta y que es inamovible, como si la hubiera deducido de principios científicos. Esto, con las terribles consecuencias que apuntamos a continuación: pérdida de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas; eliminación de su derecho a inconformarse con las decisiones que toman sus gobernantes; sometimiento a aceptar lo que dicha autoridad decide. En suma, se pierde el derecho a la libertad, por ejemplo, los ciudadanos se ven obligados  a aceptar toques de queda, recluirse en su casa a determinada hora, ver incrementarse la militarización del país o a sufrir el allanamiento de su morada so pretexto de que las autoridades trabajan para guardar el orden público, aún cuando muchos de esos allanamientos se den en hogares de gente pacífica que no ha incurrido en delito alguno.

La revolución hobbesiana consiste, como quieren nuestros gobernantes, en fundamentar un Estado irrefutable, incuestionable, que se presenta con tintes autoritarios y despóticos, que elimina los valores de la democracia republicana como la participación activa de los ciudadanos en la elección de estrategias políticas.

Así, trasladando esta reflexión filosófica a nuestro grave problema cotidiano, vemos que en nuestro país hay un peligroso y poco razonado deseo de seguridad a costa de cualquier precio; aún a costa de la libertad y la democracia. Deseo que, por supuesto, es acogido con gusto por un gobierno irracional que imposibilitado de inteligencia sólo puede ver hacia una estrategia: la del Estado persecutor, policiaco y represor. Esto, supuestamente justificado en la experiencia y la lógica, pese a que la estrategia del gobierno federal en la lucha contra la violencia no tiene arraigo ni en la experiencia ni en la lógica, pues, por un lado, aunque se diga que la estrategia bélica y coercitiva contra el narcotráfico está probada, podemos ver que en la experiencia internacional ésta no ha logrado disminuir ni el consumo ni el tráfico de drogas y, por otro lado, la “lógica” a la que apelan los gobernantes es una lógica del sentido común, pero de las más burdas, pues es muy fácil pensar que un acción violenta se acaba con una reacción igualmente violenta, cerrando el camino a la  inteligencia y la reflexión detenida sobre qué otras estrategias podrían emplearse, siendo este camino despreciado, por difícil,  aquel por el que anda la filosofía.

La decisión sobre la estrategia que ha de seguirse contra el narcotráfico y la violencia en México depende exclusivamente de los mexicanos. En su elección existen dos posibilidades, o tratamos de preservar los principios de libertad y democracia para la participación política de los ciudadanos y su influencia en las decisiones que se toman, como es el propósito del Movimiento por la Paz con y Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, por ejemplo, o decidimos asumir la estrategia oficial del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, exigiendo seguridad a cualquier precio, aún a costa de la libertad, al puro estilo hobbesiano. El dilema está en la cancha y como sea que pueda resolverse exige a priori, el uso de la razón y la inteligencia.

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(1) A propósito, véase: Velasco Gómez, Ambrosio, “La Revolución Hobbesiana” en Filosofía natural y filosofía moral de la modernidad, UNAM, México, 2003.

(2) Ibid., p. 54.